Hace unos años atrás, después de
mis estudios de Maestría, me pregunté sobre los costos de oportunidad que
genera para el desarrollo de las ciudades, así como para cualquier pueblo
colombiano, la no continuidad de políticas públicas de interés colectivo. En
otras palabras, más coloquiales, qué implica no seguir construyendo sobre lo construido.
Desde mi visión económica, no
ortodoxa, existen muchos argumentos que demuestran, dependiendo del enfoque
trascendente de las cosas, que los costos son relativos en cuanto a los fines
políticos, de la continuidad –o no- de ciertas políticas públicas. En otras
palabras, todo depende.
Pero como cualquier persona de
bien, interesado de una convivencia social armónica, deseoso de un mayor
bienestar colectivo, sin complicarme la vida pensando en lo que nos hace
distintos –todo lo contrario, lo que nos hace semejantes-, considero que
construir sobre lo construido es lo más sensato; aunque haya que pulir algunas
cosas (porque la sociedad hay que recrearla).
Por lo anterior, cuando reviso lo
que acontece en el País, por estos días, de manera general, observo que estamos
viviendo nuestra propia realidad. Realidad histórica, como estructura
institucional, construida y replicada, una y otra vez, y cuyos orígenes siguen
vigentes. La incoherencia política e ideológica que sobre una visión de
Estado-Nación aún no logramos concretar. Porque la consigna es: sálvese quien pueda, no de papaya pero aproveche
toda la papaya que le den, etc.
Esa lógica de desunión, de falta
de caridad humana, de desconfianza y “viveza”, del que es avispado y verraco,
del que es un duro y un putas, es la que ha logrado configurar la cultura
social que hoy nos molesta tanto (pero cuando quien la evidencia es el otro). Porque
no existe la conciencia colectiva que son esas las actitudes las que a todos
nos afecta como sociedad. Y, por lo tanto, al no autocensurarnos, el ser
conscientes que debemos alimentar nuestro propio auto-gobierno, es lo que
alimenta, día a día, la institucionalidad que tanto nos distingue: ser legales
en la forma (aparentar) pero ilegales en el fondo (aprovechar toda papaya
puesta). Y de eso somos todos, incoherentemente, conscientes (empezando por nuestros
políticos).
Ahora que estamos en los diálogos
de paz en la Habana, entre el Gobierno Nacional y la FARC, en el paro de los
Maestros Colombianos en cabeza de FECODE, en pulso político con el Ministerio
de Educación Nacional, que cada día hay más colados en el Sistema Trans-Milenio
en la Ciudad de Bogotá, entre otras muchas cosas, la pregunta que me hago es: ¿no
es esto un mismo síntoma, como guion, de varias películas que a diario vemos en
nuestra sociedad?
El deseo de construir una
sociedad distinta a ésta, que tanto los molesta (en verdad), nos debe llevar a
acordar (de fondo) una nueva manera de convivir y alcanzar un mayor progreso
social. Y eso tiene que ver con el papel que debe jugar la educación en este
nuevo ordenamiento social, a partir de la construcción de una nueva institucionalidad.
Una institucionalidad incluyente, como lo postulan Acemoglu y Robinson @whynationsfail.
A mi modo de ver, por mi pasión
en los temas educativos y formativos, dado el inobjetable contexto global y
económico que nos rodea, con cambios vertiginosos en todos los procesos productivos,
a causa de los mismos procesos de innovación y desarrollo tecnológico, que
desafían los rígidos sistemas educativos y formativos, deberían ser los mismos
procesos innovadores (disruptivos) de los sistemas educativos y formativos la solución,
como respuesta a estos grandes desafíos.
La exclusión e incoherencia
política (e ideológica) que el país ha mantenido hasta el momento (desde la misma
independencia), sobre el papel de la educación y formación (práctica) en el
desarrollo económico y social del país (con base en las ideas del libro "El
Ideal de lo práctico" de Frank Saford), evidencia la triste construcción
de la institucionalidad “no incluyente” que vive el país.
Por eso considero, aprovechando el
momento político que estamos viviendo, donde la educación está por primera vez en
el primer lugar de la agenda nacional, para que entre todos, padres de familia,
docentes y gobierno, hagamos un verdadero pacto por la educación que este país
merece; como verdadera estrategia de desarrollo económico y progreso social.
Reconociendo que el sistema educativo debe tener buenos docentes, bien pagos y
socialmente reconocidos como claves en esta apuesta. Y que las familias deben
estar más comprometidas con un sistema educativo de calidad, donde la
Co-Formación (Escuela/Docentes y Familia) sea un requisito fundamental en esta
apuesta. Y que el Gobierno Nacional, con visión de Estado, promueva en el
diseño y el desarrollo de políticas públicas necesarias –de largo aliento- para
afianzar ese gran propósito de construir progresivamente una institucionalidad
incluyente. Para la concreción de una prosperidad colectiva, desde la
diferencia, la inclusión y la equidad.
