Por una nueva institucionalidad educativa y formativa en Colombia

A mediados del siglo pasado, Colombia se enfrentaba a dos contextos adversos en cuanto a sus propósitos de consolidar un modelo de País para el desarrollo económico, político y social de sus habitantes: por un lado, un contexto interno, de histórica y eterna violencia política (bi-partidista), por la configuración y consolidación de un Modelo de Estado acorde con los intereses contrapuestos (Liberales/federalistas vs Conservadores/Centralistas); por el otro, un contexto externo, de crisis económica (con secuelas políticas) producto de la segunda guerra mundial, que condicionó  la precaria capacidad de desarrollo industrial.

Desde estas dos realidades, desde el propósito de configurar un modelo de Estado y un modelo de desarrollo País, Colombia se ha enfrentado, y se sigue enfrentado, con la dificultad de consolidar una institucionalidad que asegure su identidad en cuanto un modelo de desarrollo; que pueda estar soportado por claras definiciones en materia de educación y formación. Y esa precariedad se puede observar más claramente con la revisión y evolución reciente de las políticas en esta materia.

Con la Constitución de 1991, con la cual que se quiso superar una serie de dificultades políticas internas, y así mismo ajustar la estructura del Estado al nuevo contexto geopolítico internacional (el fin de la guerra fría) y a las exigencias de los organismos multilaterales (por la crisis de la deuda externa), el gobierno de turno comienza a desarrollar una institucionalidad proclive a los propósitos de desarrollo económico y social del País y que aún no hemos consolidado. Ya que el factor capital humano, como punto de reflexión en este escrito, que desde siempre se ha establecido como requisito indispensable para el desarrollo del aparato productivo, no ha estado clara y coherentemente definido y tratado en la agenda de los distintos gobiernos. Por ello hoy día el propósito de crear un Sistema Nacional de Educación Terciaria viene causando tanta intranquilidad en todo el estamento educativo y formativo del País.

Cuando el informe Mónitor del año 1993 define que son siete los sectores estratégicos para la productividad y competitividad del País, y que el factor capital humano es clave y fundamental para su desarrollo, tres leyes asociadas a este propósito se gestaron con particulares definiciones pero que hoy día, después de 20 años de desarrollo normativo, nos tienen en un entramado institucional contrario a esta aspiración. Y que el pretendido sistema nacional de competitividad e innovación no ha logrado involucrar coherentemente a sus estrategias de actuación.

Por un lado, con la Ley 30 de 1992 se buscó organizar la educación superior del País, después de los desarrollos logrados en este sector conforme lo establecido por el Decreto 80 de 1980. Allí se establece que el acceso a este nivel –de educación formal- se lograría por quien hubiese terminado la educación media y tuviese los méritos requeridos por cada institución habilitada, conforme su autonomía institucional. Así mismo definió que este nivel tendría tres denominaciones de formación y titulación de pregrado: Técnico Profesional, Tecnólogo y Universitario. Pero luego, por virtud de la Ley 749 de 2002, bajo el concepto de ciclos propedéuticos, el ingreso a la educación superior se puede hacer con el desarrollo de programas de formación técnica profesional desde el término de la educación básica secundaria.

De otro lado, con la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación, se establecen las categorías de Educación Formal, No Formal e Informal. Siendo la Educación Formal “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”. Señalando además que posterior al nivel medio, formal, sigue el de la educación superior regido por la Ley 30. Sobre la educación No-Formal señala que “es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados”, o títulos de la educación formal. Y sobre la educación Informal reza que es “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”. Además, con esta Ley se comienza a introducir el concepto de Educación/Formación para el trabajo.

Concomitante con la Ley 115, se promulga para ese mismo año la Ley 119 que re-estructura el SENA, dejando vigente el concepto de la Formación Profesional, como formación para el trabajo, con el cual fue creada esta institución en 1957, como parte de la estructura del Estado, y con el propósito de promover y atender los requerimientos de cualificar y formar el recurso humano requerido por la incipiente industrialización nacional. De allí que su misión reza que “El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”.

Con base en estas tres normativas, la institucionalidad que se ha desarrollado ha configurado escenarios difíciles para propender por una estructuración clara y coherente que fomente la formación de capital humano requerido para los propósitos de productividad y competitividad que requiere el País; ya que los diversos informes entregados por el Sistema Nacional de Competitividad así lo indican. Porque no se tiene un sistema, una clara institucionalidad, en toda su extensión de la palabra, incluyente, que reconozca las capacidades, competencias, de las personas en cuanto los requerimientos de pertenencia que exige la inobjetable globalización económica.

El CONPES 3674 de 2010 ha querido atender este desafío, como estrategia de política pública, pero la institucionalidad creada, bajo el aparo de estas tres normativas, está impidiendo que se logren verdaderos propósitos de país, asociados a la configuración de un modelo de desarrollo promovido por un sistema educativo y formativo más proclive a los propósitos de un Estado mucho más próspero y justo para todos. Por lo tanto, pensar en un sistema educativo y formativo, distinto, desde el enfoque de derechos, requiere ordenar/construir una institucionalidad más incluyente para todos; y en ese sentido, a determinar con claridad el papel de los diversos actores involucrados (entre ellos al SENA).
El pretendido Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), en consecuencia, inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 58, se convierte en un pretexto (necesario) para configurar una nueva institucionalidad que permitiría ordenar lo que hasta ahora se ha constituido, bajo el amparo de esta (obsoleta) normativa vigente, en un muro de contención de facto y en contra de las tendencias internacionales. Ya que pretende poner a conversar y hacer entender varios conceptos existentes en torno a un único concepto: las cualificaciones. Que es lo que el mercado del trabajo, a nivel internacional, ahora se está exigiendo.